Reino Unido: denuncian negociados con insumos anticovid por varios miles de millones de dólares
BBC, Londres, Reino Unido 7 Marzo, 2021

Durante la pandemia, el gobierno otorgó miles de contratos a empresas privadas, gastando en los procesos miles de millones de libras esterlinas de dinero público. Las adquisiciones abarcan desde los equipos de protección personal (EPP) (máscaras, batas y guantes) hasta las investigaciones en la opinión pública de las medidas Covid adoptadas por el gobierno.

Sin embargo, la forma en que se adjuicaron los contratos, y las enormes sumas de dinero involucradas, motivaron acusaciones de falta de transparencia.

El gobierno fue llevado a los tribunales con un juez que dictaminó que el secretario de Salud Matt Hancock "violó su obligación legal" al no publicar con la suficiente rapidez los detalles de los acuerdos de Covid.
El Sr. Hancock respondió a la prensa: "Mi equipo trabajaba los siete días de la semana, a menudo 18 horas al día, para hacerse de los equipos que salvaban vidas".

¿Cuáles son las reglas normales para contrataciones del gobierno?
Por lo general, cuando el gobierno necesita comprar algo, debe iniciar un "proceso de licitación competitiva". El departamento que corresponda publicará las especificaciones de los productos que necesita comprar. Se alienta a las empresas a ofertar indicando el precio al que podrían ofrecer esos bienes y servicios, el tiempo que les insumiría y detalles sobre la calidad de los productos a aentregar.

Luego, el gobierno verifica que las empresas involucradas tengan condiciones para cumplir; luego se deciden por la que ofrece la mejor relación calidad-precio y se firma un contrato.

Este proceso puede llevar desde unos pocos meses hasta años, dependiendo de la complejidad de los requisitos (ya sea porque esté comprando, por ejemplo, una computadora portátil o un submarino).

El gobierno cuenta con proveedores preaprobados, lo que ahorra tiempo en los controles y, en ocasiones, solo permite a los proveedores preaprobados presentar ofertas para contratos particulares. Se dice que estas empresas quedan contempladas en acuerdos marco.

Por ley, el gobierno está obligado a publicar un "aviso de adjudicación de contrato" dentro de los 30 días posteriores a la firma de cualquier contrato de bienes o servicios públicos por un valor superior a 120.000 libras esterlinas (us$160 mil). También se requiere publicar los detalles de cada contrato por valor de más de £10,000.

¿Qué sucede en caso de emergencia?
Cuando se actualizaron las reglas de contratación en 2015, incluyeron una disposición que en determinadas circunstancias permitía al gobierno omitir la competencia del proceso de licitación. El gobierno podría dirigirse directamente a un proveedor preferido sin competencia. A esto se le llamó hacer una "adjudicación directa". Estos casos de "extrema urgencia" podían deberse a eventos imprevisibles, donde existe un riesgo para la vida, por ejemplo.

Según un informe publicado por la Oficina Nacional de Auditoría (NAO), entre marzo y julio de 2020, se adjudicaron nuevos contratos a proveedores por valor de casi 24 mil millones de dólares. De aquellos:

Se otorgaron directamente, sin ningún concurso, us$14.5 mil millones.

Se otorgaron us$9.2. mil millones directamente a proveedores preaprobados (aunque no necesariamente estaban preaprobados para los productos que vendían)

Se otorgaron us$0,28 mil millones mediante procesos competitivos.

El gobierno todavía está obligado a publicar los detalles de los grandes contratos si se emiten mediante adjudicación directa. 

El desafío a los contralores
La falta de publicación de los detalles de los contratos dentro de los 30 días requeridos por ley llevó al juez a dictaminar que la secretaria de salud había actuado ilegalmente durante la pandemia de Covid.

El grupo The Good Law Project, involucrado en la acción legal contra el gobierno, estima que desde marzo de 2020, el Department of Health and Social Care (Departamento de Salud y Atención Social) demoró un promedio de 98 días en publicar detalles de los contratos relacionados con Covid. El gobierno da un número más bajo, diciendo que la publicación fue, en promedio, 17 días por encima del límite de 30 días.

El juez interviniente argumentó que el público tiene derecho a saber dónde se han ido las "grandes" cantidades gastadas y cómo se adjudican los contratos. "El gobierno tenía permiso para adquirir equipos al ritmo y sin licitación según la ley, pero actuar con rapidez no le concede licencia para alterar el mantenimiento de sus registros", dijo Meg Hillier, presidenta laborista del Comité de Cuentas Públicas. 
"No publicó los contratos a tiempo y mantuvo registros deficientes de por qué algunas empresas ganaron contratos de varios millones de libras", dijo.

Y en documentos vistos por la BBC, los abogados del gobierno admitieron el 25 de febrero que aún no se habían publicado 100 contactos de proveedores y servicios relacionados con Covid-19, firmados antes del 7 de octubre. Tres días antes, el primer ministro había informado a los diputados que los contratos estaban "en el registro para que todos los consultaran".

La mayoría de los contratos durante la pandemia fueron para PPE. El gobierno ha logrado comprar hasta el momento 8,6 mil millones de artículos de PPE. Pero ha habido algunos problemas con los pedidos, como la BBC informó durante toda la pandemia:

* Cincuenta millones de máscaras faciales compradas en abril no pudieron usarse en el NHS porque no cumplían con sus especificaciones .

* El organismo de control de seguridad de Gran Bretaña sintió presión política para aprobar el uso de trajes PPE, que no habían sido probados con el estándar correcto, descubrió la BBC.

* Se suspendió el uso de 10 millones de batas quirúrgicas para el personal de primera línea del NHS debido sus empaquetamientos.

* Millones de batas médicas nunca se usaron, ya que se compraron para el NHS al final del primer encierro por us$168 millones.

* Es posible que hayan sido retiradas un millón de máscaras de alta calidad utilizadas en el NHS por incumplir los estándares de seguridad adecuados.

* Una empresa está siendo investigada por el regulador médico del Reino Unido después de que se le adjudicara un contrato de casi us$42 millones durante la pandemia.

El ´carril de alta prioridad´
Para ayudar al gobierno a elegir entre la gran cantidad de ofertas que estaba recibiendo, el 2 de abril introdujo un "carril de alta prioridad".
La idea era tratar con mayor urgencia las ofertas de apoyo a PPE si el proveedor era recomendado por ministros, funcionarios de gobierno, parlamentarios y miembros de la Cámara de los Lores, de cualquier partido.

El informe de la NAO encontró que hasta finales de julio, aproximadamente uno de cada 10 proveedores que habían sido colocados en el carril de alta prioridad recibieron contratos, mientras que la cifra era menos de uno en 100 para los proveedores ajenos no pertencientes al carril.

"Por supuesto, aceleramos las pistas de aquellos con más probabilidades de hacerse con el material más rápido y lo hicieron", dijo el secretario de salud.
Un problema fue que la Cabinet Office (Oficina del Gabinete), que dirigió el proceso, supuestamente "no controló lo suficiente cómo se hizo", según Tom Sasse del Instituto de Gobierno. "No logró llevar una cuenta adecuada de quién recomendó un proveedor en particular, lo que lo expone a acusaciones de amiguismo".

Un portavoz del gobierno dijo a Reality Check: "Se lleva a cabo la debida diligencia para todos los contactos del gobierno y nos tomamos estos controles muy en serio. Este proceso involucra que todos los contratos cumplan con reglas y procesos sólidos que eviten conflictos de interés".

Pero la ministra de la oficina del gabinete en la sombra, Rachel Reeves, dijo al Parlamento que había sido "una poco edificante fiebre del oro de compinches y oportunistas".